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¿Por qué el gobierno intenta “demostrar” que los jóvenes desaparecidos en Soacha si eran delincuentes y si murieron en combate con la Fuerza Pública?. En una declaración un poco tardía sobre las graves denuncias de desaparición y posterior muerte en Norte de Santander de por lo menos 19 jóvenes del municipio de Soacha, el primer mandatario antes que condenar los hechos trata de justificarlos. Al referirse por primera vez en público sobre una información que se conoce en los medios de comunicación desde hace más diez días el presidente dijo, citando al Fiscal General de la Nación: “( … ) que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”. Esta declaración presidencial parece más una absolución apresurada de los presuntos responsables y envía un mensaje equívoco que puede interpretarse de permisividad gubernamental a excesos de la Fuerza Pública, que se traducen en falsos positivos para mostrar resultados en la política de seguridad democrática y al mismo tiempo cobrar jugosas recompensas. El propio fiscal dijo que la investigación no permite concluir si los jóvenes fueron o no muertos en combate y reafirmó que “eso lo concluyen los fiscales y los jueces”, y no el gobierno, agregamos nosotros. La práctica de matar civiles, uniformarlos y presentarlos como “terroristas dados de baja” no es aislada ni casual y cada vez aparecen más denuncias de familiares de personas sometidas a este procedimiento perverso. Estas víctimas deberían recibir toda la atención y protección de las autoridades, lo que implica, además, una política transparente que asegure que el gobierno no avala ni justifica esas graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. No obstante, la conducta del gobierno parece ir en contravía de las víctimas. El 10 de abril de 2004 unidades del Ejército ejecutaron a cinco civiles, cuatro de ellos menores de edad en el municipio de Cajamarca, Tolima, y presentaron el caso como un error militar. El presidente Uribe afirmó días después:“( … ) estoy convencido de la buena fe del Ejército en esta equivocación. Si se tratara de un ejército violador de derechos humanos, quienes dispararon contra los campesinos hubieran buscado el ocultamiento, la mentira o la desaparición de los cadáveres. Nuestros soldados y oficiales, afectados por el dolor, llamaron de inmediato a sus superiores y comunicaron la verdad”. Justamente, por ocultar la verdad y “evitar que quedaran testigos de ese acontecer trágico”, el 18 de julio de 2007 la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por doce años para ejercer cargos públicos a siete miembros del Ejército Nacional vinculados a estos hechos. Los uniformados, dijo el ente investigador, fueron hallados responsables de ejecutar en estado de indefensión al campesino Norberto Mendoza Reyes, quién había sobrevivido a la masacre. Según la Procuraduría, este hecho constituyó una “falta disciplinaria gravísima por haber incurrido en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, por el homicidio del señor Mendoza Reyes, quien recibió varios disparos a corta distancia y en estado de indefensión, ya que el campesino se encontraba herido y pidió a los militares que no lo dejaran morir”. Ya el 30 de enero de 2006 la Fiscalía General de la Nación había proferido una resolución acusatoria contra el sargento, el cabo y los cinco soldados involucrados en la matanza de Cajamarca, atribuyéndoles el delito de homicidio en persona protegida. Además, están en marcha investigaciones contra el comandante de las Fuerza Militares de la época y otros altos oficiales por intentar desviar la investigación de las autoridades. Entre el 21 y el 22 de febrero de 2005 se registró la masacre de San José de Apartadó en la que fueron asesinadas ocho civiles, entre los que se encontraban un bebé de 21 meses, un niño de un año y uno más de cinco años de edad. El domingo 20 de marzo de 2005, el presidente de la república, antes que condenar el crimen y motivar la investigación para esclarecer los hechos que comprometían unidades del Ejército, prefirió decir que: “( … ) en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”. El mismo argumento fue usado por los paramilitares que participaron en la masacre. Uno de ellos conocido con el alias de “Pirulo”, relató a la Fiscalía que llegaron a la comunidad de San José de Apartadó persiguiendo a varios guerrilleros de las Farc, para lo cual montaron una emboscada en la que fueron retenidos Luis Eduardo Guerra, su esposa Bellanira Areiza y su hijo Deiner Andrés, a quienes los ‘paras’ les preguntaron por la guerrilla, “luego dieron la orden de asesinarlos, siendo degollados” (El Espectador, 1 de agosto de 2008). Casi cuatro años después, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra del teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán, los capitanes Guillermo Gordillo Sánchez y Óscar Gerardo Omaña García y otros seis suboficiales por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, luego de que se comprobara que facilitaron la incursión de las autodefensas, quienes ejecutaron a ocho civiles ajenos al conflicto armado, tras torturarlos y posteriormente desmembrarlos y enterrarlos en una fosa común (El Espectador, 1 de agosto de 2008). Según el diario El Tiempo, “en marzo (de 2008), la Fiscalía General ordenó la captura de 15 militares ( … ) por la masacre cometida en coordinación con grupos paramilitares, en febrero de 2005. El mensaje del presidente Uribe combina la justificación con la autorización para que los militares actúen haciendo caso omiso a las organizaciones de derechos humanos. En el acto de posesión del general Édgar Alfonso Lesmez Abad como nuevo comandante de la Fuerza Aérea, el presidente Uribe terminó su intervención afirmando:“Asume usted el Comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. Que los traficantes de los Derechos Humanos no lo detengan, no lo equivoquen, que toda la Fuerza Aérea Colombiana le preste a esta gran Nación el servicio de ayudar a que nos liberemos de una vez por todas de esa pesadilla” El 2 de julio de 2008, cuando el país celebraba la liberación de Ingrid Betancurt y 14 personas más que estaban en poder de las Farc, el presidente Uribe, exaltando a las tropas afirmó que mal podrían las Ong insistir en acusar a las Fuerzas Militares de matar civiles, ponerles uniformes de camuflado y presentarlos como muertos en combate y llamó a los jueces a revisar las acusaciones contra militares acusados de violación de los derechos humanos:“Con la guerrilla hemos tenido el siguiente problema: Es bueno anotarlo, que lo conozcan los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Primero, en muchas oportunidades cuando el Ejército daba de baja a alguien de la guerrilla, decían: Ah, eso no fue el Ejercito fueron los paramilitares que le hicieron ese trabajo. Entonces nos acusaban de que estos homicidios, de que esas no eran bajas de nuestra fuerza pública sino asesinato paramilitares. Y en el último tiempo es ´no esa no fue una baja en combate, eso fue una ejecución extrajudicial´, en el derecho nuestro sería un asesinato, un homicidio fuera de combate, siempre tratan de desorientar de esa manera y desacreditar nuestra política, y a nuestras institucionales, haciendo esas imputaciones de violación de los derechos humanos” Estos mensajes equivocados no ayudan a construir una política cierta de derechos humanos en la Fuerza Pública. Según la unidad investigativa del periódico El Tiempo, “la Procuraduría tiene actualmente 2.764 investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública, mientras la Fiscalía investiga a 782, para un total de 3.546 procesos”. Según el informe, los procesos, en su mayoría, se derivan de la muerte de civiles fuera de combate. La Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre un incremento de este fenómeno “( … ) que se debe a la exigencia que se les está haciendo a los militares para dar resultados y mostrar bajas". Ahora, frente a la gravedad de los hechos denunciados en el municipio de Soacha, el presidente insiste en explicar lo que parece inexplicable y reafirma la idea de cierta exculpación política de los presuntos responsables de prácticas violatorias de los derechos humanos. Editorial de CODHES, 7 de octubre de 2008 |
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